Las decisiones políticas, los intereses de los grandes capitales y de los propios Estados colocan a las empleadas y empleados públicos en importantes contradicciones, entre atender y prestar unos servicios púbicos cuya finalidad es servir con objetividad, transparencia y eficacia a los intereses generales. Estas decisiones no parecen respetar principios básicos como la Declaración Universal de Derechos Humanos que España ha ratificado, principios sobre libertades y derechos esenciales a las personas, ampliamente regulados y protegidos además por la normativa europea.

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