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El Ministerio de Justicia se niega a negociar con las organizaciones sindicales un incremento retributivo para el personal de la Administración de Justicia no transferido, dependiente directamente del Ministerio, con retribuciones medias muy inferiores al personal transferido a las Comunidades Autónomas.

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“Los sindicatos de prisiones hemos acordado unirnos frente al Ministerio del Interior, con el objetivo de abordar la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, rechazando la fórmula de equiparación con Cataluña que dejaba fuera a varios colectivos como el personal laboral o de oficinas”.

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Miles de pensionistas y jubilados se han movilizado hoy en numerosas capitales de provincia para reclamar “pensiones dignas”, en lo que representa la continuidad de las marchas que los sindicatos realizaron el mes de octubre pasado y que convergieron en Madrid desde diferentes puntos de España.

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Con el Seminario Perspectiva: Sindicalismo del siglo XXI iniciamos una serie de trabajos de reflexión en profundidad sobre la realidad del mundo del trabajo y el papel del sindicato. Inscripciones hasta completar aforo, fecha límite 26 de enero de 2018

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CCOO lamenta la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona, rechaza su uso de la como CIE, y exige su inmediata apertura como centro penitenciario, tal y como publicó el BOE del 18 de marzo de 2017, con el personal penitenciario que obtuvo la plaza en el concurso de traslados.

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CCOO quiere realizar, en primer lugar, un reconocimiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras comprometidos en solventar una incidencia de la dimensión originada por la nevada del pasado fin de semana. Las largas jornadas provocadas por una situación excepcional, han sido realizadas nuevamente con una diligencia y vocación de servicio público que merecen ser destacados.

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Renfe

El sindicato denuncia que ambas empresas tienen plantillas envejecidas y tan reducidas que “rozan niveles insostenibles, por lo que se resiente el servicio y la propia seguridad de los trenes”.

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Concentraciones del día 24 de noviembre de 2017 #AhoraLoPúblico

25-11-2017

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#ReclamacionTemporales

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Documentos

05.09.2017

CCOO convoca huelga en Adif y Grupo Renfe el 29 de septiembre

El Sector Ferroviario de CCOO ha decidido convocar huelga en Adif y el Grupo Renfe desde las 0:00 horas hasta las 23:00 horas del próximo 29 de septiembre, como medida de presión por la falta de información sobre temas esenciales en la viabilidad y futuro de ambas empresas.

Manuel Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, en respuesta a la pregunta sobre las razones de la huelga, ha manifestado que “al sindicato no le ha quedado otra salida ante el oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias, Renfe y Adif, en asuntos tan importantes como la definición de las Obligaciones de Servicio Público (financiación pública de servicios de Cercanías y Media Distancia) para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

Según Taguas, CCOO pretende revertir una tendencia que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario: en 2005 las plantillas de Renfe, Adif y Feve sumaban 32.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy entre Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad apenas superan los 26.000 trabajadores. Por tanto se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios, en múltiples ocasiones, y exige un plan de ingresos de personal muy por encima de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios.

Preguntado por las posibles razones de índole económico, Taguas ha manifestado que, sin ser un motivo expreso de esta convocatoria, CCOO considera intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todas las empleadas y empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%. Y plantea que “si España genera la misma riqueza al año que antes de la crisis, con dos millones menos de ocupados y una pérdida de poder adquisitivo tan disparatada de los asalariados, demuestra que ha habido una redistribución injusta de esa riqueza, desplazándose hacia las rentas del capital y no hacia las rentas del trabajo, por lo que ha llegado el momento de recuperar parte de lo perdido con subidas salariales por encima de la inflación”. Continua explicando que “cinco años de congelación y dos años de incrementos exiguos del 1%, muy por debajo de la subida del IPC, para 2016 y 2017, es un sacrificio por parte de los trabajadores y trabajadoras desproporcionado respecto al que han hecho las patronales públicas y privadas del sector.”

Para CCOO, la pervivencia de las empresas públicas ferroviarias, la seguridad del ferrocarril y la calidad del servicio a la ciudadanía, depende de una gestión dirigida al equilibrio territorial ferroviario, la recuperación para lo público de actividades rentables externalizadas, el fomento y mantenimiento de las líneas convencionales de viajeros y el rejuvenecimiento de las plantillas.

05.09.2017

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Manuel Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, en respuesta a la pregunta sobre las razones de la huelga, ha manifestado que “al sindicato no le ha quedado otra salida ante el oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias, Renfe y Adif, en asuntos tan importantes como la definición de las Obligaciones de Servicio Público (financiación pública de servicios de Cercanías y Media Distancia) para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

Según Taguas, CCOO pretende revertir una tendencia que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario: en 2005 las plantillas de Renfe, Adif y Feve sumaban 32.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy entre Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad apenas superan los 26.000 trabajadores. Por tanto se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios, en múltiples ocasiones, y exige un plan de ingresos de personal muy por encima de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios.

Preguntado por las posibles razones de índole económico, Taguas ha manifestado que, sin ser un motivo expreso de esta convocatoria, CCOO considera intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todas las empleadas y empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%. Y plantea que “si España genera la misma riqueza al año que antes de la crisis, con dos millones menos de ocupados y una pérdida de poder adquisitivo tan disparatada de los asalariados, demuestra que ha habido una redistribución injusta de esa riqueza, desplazándose hacia las rentas del capital y no hacia las rentas del trabajo, por lo que ha llegado el momento de recuperar parte de lo perdido con subidas salariales por encima de la inflación”. Continua explicando que “cinco años de congelación y dos años de incrementos exiguos del 1%, muy por debajo de la subida del IPC, para 2016 y 2017, es un sacrificio por parte de los trabajadores y trabajadoras desproporcionado respecto al que han hecho las patronales públicas y privadas del sector.”

Para CCOO, la pervivencia de las empresas públicas ferroviarias, la seguridad del ferrocarril y la calidad del servicio a la ciudadanía, depende de una gestión dirigida al equilibrio territorial ferroviario, la recuperación para lo público de actividades rentables externalizadas, el fomento y mantenimiento de las líneas convencionales de viajeros y el rejuvenecimiento de las plantillas.

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Manuel Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, en respuesta a la pregunta sobre las razones de la huelga, ha manifestado que “al sindicato no le ha quedado otra salida ante el oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias, Renfe y Adif, en asuntos tan importantes como la definición de las Obligaciones de Servicio Público (financiación pública de servicios de Cercanías y Media Distancia) para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

Según Taguas, CCOO pretende revertir una tendencia que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario: en 2005 las plantillas de Renfe, Adif y Feve sumaban 32.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy entre Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad apenas superan los 26.000 trabajadores. Por tanto se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios, en múltiples ocasiones, y exige un plan de ingresos de personal muy por encima de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios.

Preguntado por las posibles razones de índole económico, Taguas ha manifestado que, sin ser un motivo expreso de esta convocatoria, CCOO considera intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todas las empleadas y empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%. Y plantea que “si España genera la misma riqueza al año que antes de la crisis, con dos millones menos de ocupados y una pérdida de poder adquisitivo tan disparatada de los asalariados, demuestra que ha habido una redistribución injusta de esa riqueza, desplazándose hacia las rentas del capital y no hacia las rentas del trabajo, por lo que ha llegado el momento de recuperar parte de lo perdido con subidas salariales por encima de la inflación”. Continua explicando que “cinco años de congelación y dos años de incrementos exiguos del 1%, muy por debajo de la subida del IPC, para 2016 y 2017, es un sacrificio por parte de los trabajadores y trabajadoras desproporcionado respecto al que han hecho las patronales públicas y privadas del sector.”

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Manuel Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, en respuesta a la pregunta sobre las razones de la huelga, ha manifestado que “al sindicato no le ha quedado otra salida ante el oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias, Renfe y Adif, en asuntos tan importantes como la definición de las Obligaciones de Servicio Público (financiación pública de servicios de Cercanías y Media Distancia) para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

Según Taguas, CCOO pretende revertir una tendencia que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario: en 2005 las plantillas de Renfe, Adif y Feve sumaban 32.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy entre Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad apenas superan los 26.000 trabajadores. Por tanto se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios, en múltiples ocasiones, y exige un plan de ingresos de personal muy por encima de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios.

Preguntado por las posibles razones de índole económico, Taguas ha manifestado que, sin ser un motivo expreso de esta convocatoria, CCOO considera intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todas las empleadas y empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%. Y plantea que “si España genera la misma riqueza al año que antes de la crisis, con dos millones menos de ocupados y una pérdida de poder adquisitivo tan disparatada de los asalariados, demuestra que ha habido una redistribución injusta de esa riqueza, desplazándose hacia las rentas del capital y no hacia las rentas del trabajo, por lo que ha llegado el momento de recuperar parte de lo perdido con subidas salariales por encima de la inflación”. Continua explicando que “cinco años de congelación y dos años de incrementos exiguos del 1%, muy por debajo de la subida del IPC, para 2016 y 2017, es un sacrificio por parte de los trabajadores y trabajadoras desproporcionado respecto al que han hecho las patronales públicas y privadas del sector.”

Para CCOO, la pervivencia de las empresas públicas ferroviarias, la seguridad del ferrocarril y la calidad del servicio a la ciudadanía, depende de una gestión dirigida al equilibrio territorial ferroviario, la recuperación para lo público de actividades rentables externalizadas, el fomento y mantenimiento de las líneas convencionales de viajeros y el rejuvenecimiento de las plantillas.

05.09.2017

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Manuel Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, en respuesta a la pregunta sobre las razones de la huelga, ha manifestado que “al sindicato no le ha quedado otra salida ante el oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias, Renfe y Adif, en asuntos tan importantes como la definición de las Obligaciones de Servicio Público (financiación pública de servicios de Cercanías y Media Distancia) para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

Según Taguas, CCOO pretende revertir una tendencia que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario: en 2005 las plantillas de Renfe, Adif y Feve sumaban 32.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy entre Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad apenas superan los 26.000 trabajadores. Por tanto se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios, en múltiples ocasiones, y exige un plan de ingresos de personal muy por encima de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios.

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Para CCOO, la pervivencia de las empresas públicas ferroviarias, la seguridad del ferrocarril y la calidad del servicio a la ciudadanía, depende de una gestión dirigida al equilibrio territorial ferroviario, la recuperación para lo público de actividades rentables externalizadas, el fomento y mantenimiento de las líneas convencionales de viajeros y el rejuvenecimiento de las plantillas.

05.09.2017

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Según Taguas, CCOO pretende revertir una tendencia que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario: en 2005 las plantillas de Renfe, Adif y Feve sumaban 32.000 trabajadoras y trabajadores. Hoy entre Renfe, Adif y Adif Alta Velocidad apenas superan los 26.000 trabajadores. Por tanto se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios, en múltiples ocasiones, y exige un plan de ingresos de personal muy por encima de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios.

Preguntado por las posibles razones de índole económico, Taguas ha manifestado que, sin ser un motivo expreso de esta convocatoria, CCOO considera intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todas las empleadas y empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%. Y plantea que “si España genera la misma riqueza al año que antes de la crisis, con dos millones menos de ocupados y una pérdida de poder adquisitivo tan disparatada de los asalariados, demuestra que ha habido una redistribución injusta de esa riqueza, desplazándose hacia las rentas del capital y no hacia las rentas del trabajo, por lo que ha llegado el momento de recuperar parte de lo perdido con subidas salariales por encima de la inflación”. Continua explicando que “cinco años de congelación y dos años de incrementos exiguos del 1%, muy por debajo de la subida del IPC, para 2016 y 2017, es un sacrificio por parte de los trabajadores y trabajadoras desproporcionado respecto al que han hecho las patronales públicas y privadas del sector.”

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