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La Administración concursal ha iniciado la primera fase de despidos, previstos para diciembre, que finalmente afectará a 469 trabajadores, el 21% de la plantilla. CCOO muestra su rechazo y recuerda que la compra por parte de Correos o de otro operador es posible y viable y ha vuelto demandar la implicación del Gobierno para evitar un cierre que afectaría a más de 2.000 personas.

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La dirección de la rotativa de Prisa se ha avenido a volver a negociar con los representantes de la plantilla de Pressprint tras la primera jornada de huelga convocada por CCOO ante la intención de aplicar un ERE extintivo, que supondría la destrucción de 69 puestos de trabajo

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El 14 de noviembre tuvo lugar la Jornada “La violencia contra la mujer en el trabajo”, organizada por la Secretaría de las Mujeres de FSC-CCOO. El acto se celebró en la Sala Trece Rosas de la calle Lope de Vega 38 y fue presentado por la secretaria federal de la Secretaría de las Mujeres, Carmen López López y por la secretaria de Acción sindical y Mujeres de FSC-CCOO, Yolanda Díaz Arranz.

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El sindicato exige que se abra un espacio de negociación concreto, claro y con compromisos, para poder avanzar en la recuperación de los derechos arrebatados a tres millones de empleadas y empleados públicos.

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#trendignoYa

Las Federaciones de CCOO vinculadas al transporte ferroviario —Industria, Construcción y Servicios, y Servicios a la Ciudadanía— exigen al Gobierno la apuesta decidida y la inversión necesaria para la implantación de unas comunicaciones ferroviarias dignas en Extremadura. Por ello, participarán en la gran movilización por un sistema ferroviario digno para Extremadura el 18 de noviembre en Madrid.

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La plantilla, en paro desde hoy mismo, va a redoblar el ejercicio de su derecho constitucional a la huelga, mientras que el Comité de Empresa advierte a la dirección de la rotativa que denunciará cualquier vulneración de ese derecho, como ya hizo con anterioridad y que supuso la condena de Prisa

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Los negociadores europeos del llamado trilogo han acordado crear un fondo para modernizacion que se formaria a partir de los ingresos de las subastas de los derechos del comercio de emisiones europeo y estaria destinado a los paises que hicieran planes de transicion justa.

Más noticias

13/09/2017
Problemas en la expedición del DNI

Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

Problemas en la expedición del DNI

Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

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13/09/2017
Problemas en la expedición del DNI

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13/09/2017
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Opinión

Problemas en la expedición del DNI

Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

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Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

Repensar el sindicato

#ReclamacionTemporales

#ReclamacionTemporales

Documentos

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

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