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El Ministerio de Justicia se niega a negociar con las organizaciones sindicales un incremento retributivo para el personal de la Administración de Justicia no transferido, dependiente directamente del Ministerio, con retribuciones medias muy inferiores al personal transferido a las Comunidades Autónomas.

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“Los sindicatos de prisiones hemos acordado unirnos frente al Ministerio del Interior, con el objetivo de abordar la brecha salarial que se produce entre los diferentes centros penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, rechazando la fórmula de equiparación con Cataluña que dejaba fuera a varios colectivos como el personal laboral o de oficinas”.

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Miles de pensionistas y jubilados se han movilizado hoy en numerosas capitales de provincia para reclamar “pensiones dignas”, en lo que representa la continuidad de las marchas que los sindicatos realizaron el mes de octubre pasado y que convergieron en Madrid desde diferentes puntos de España.

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Con el Seminario Perspectiva: Sindicalismo del siglo XXI iniciamos una serie de trabajos de reflexión en profundidad sobre la realidad del mundo del trabajo y el papel del sindicato. Inscripciones hasta completar aforo, fecha límite 26 de enero de 2018

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CCOO lamenta la muerte de un inmigrante en la cárcel de Archidona, rechaza su uso de la como CIE, y exige su inmediata apertura como centro penitenciario, tal y como publicó el BOE del 18 de marzo de 2017, con el personal penitenciario que obtuvo la plaza en el concurso de traslados.

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CCOO quiere realizar, en primer lugar, un reconocimiento al conjunto de trabajadores y trabajadoras comprometidos en solventar una incidencia de la dimensión originada por la nevada del pasado fin de semana. Las largas jornadas provocadas por una situación excepcional, han sido realizadas nuevamente con una diligencia y vocación de servicio público que merecen ser destacados.

Más noticias

Problemas en la expedición del DNI

Esta tarea, que venía siendo realizada de forma pública y gratuita en los registros civiles, podrá ser ahora ejercida por los y las abogadas, que cobrarán por ello a quienes puedan permitirse el pago, quedando abandonadas a su suerte las personas que no dispongan de medios económicos suficientes.

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Concentraciones del día 24 de noviembre de 2017 #AhoraLoPúblico

25-11-2017

Concentraciones en todo el Estado del día 24 de noviembre de 2017 Empleo, Salario y Derechos
#AhoraLoPúblico

Concentraciones 24 de noviembre de 2017 #AhoraLoPúblico

#ReclamacionTemporales

#ReclamacionTemporales

Documentos

13.09.2017

CCOO denuncia la consumación de la privatización de las solicitudes de nacionalidad por residencia

Hoy se ha publicado en el BOE el convenio de colaboración de la Secretaría de Estado de Justicia con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia.

Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

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Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

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El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

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Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

13.09.2017

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Desde el pasado día 1 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 1004/2015, la solicitudes de nacionalidad por residencia dejaron de poder efectuarse a través de los registros civiles, siendo obligatoria su presentación por medios telemáticos o de forma presencial a través de registros administrativos.

El Sector de Justicia de CCOO ya había advertido de que esta medida, bajo el camuflaje de propiciar la modernización e implantación de las nuevas tecnologías en la Administración, lo que escondía en realidad era una privatización más de este Gobierno, que prefiere favorecer los intereses económicos de determinados colectivos antes que defender un eficaz servicio público que atienda en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

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13.09.2017

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El convenio del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía que se publica hoy en el BOE y que se une a los firmados anteriormente con los Colegios de Gestores Administrativos y de Procuradores, da lamentablemente la razón al sindicato. El ministerio pudo optar por implantar en los registros civiles los medios tecnológicos necesarios para que se continuaran gestionando allí las solicitudes de nacionalidad por residencia, porque, además de la propia gestión de la solicitud, quienes la efectuaban recibían un asesoramiento de máxima profesionalidad que garantizaba que no hubiese errores formales o en la documentación que necesariamente ha de adjuntarse.

Este asesoramiento de alta cualificación no queda ahora garantizado, ya que cualquier abogado o abogada, procuradora y gestor administrativo sin ningún requisito de formación específica para la materia, podrá adherirse al convenio y empezar a gestionar de un día para otro estas solicitudes.

Pero es que además, como es lógico, en los despachos de abogados, procuradores y gestores administrativos se cobrará por la gestión de las solicitudes de nacionalidad por residencia una cantidad libremente establecida por ellos o sus colegios profesionales (el convenio no establece cantidades máximas), de tal forma que quienes deseen solicitar la nacionalidad y no dispongan de medios económicos para pagarlo quedarán sin ningún tipo de asesoramiento (el que antes sí recibían gratuitamente en los registros civiles) y se generarán nuevas condiciones de desigualdad a las que este Gobierno nos tiene tristemente acostumbrados.

“CCOO solicitó al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que la entrada en vigor de la disposición que regula este asunto en el RD 1004/2015 fuese prorrogada, al menos, hasta que entre en vigor la nueva Ley del Registro Civil el 30 de junio de 2018, aunque el objetivo final de CCOO, y así lo seguiremos exigiendo mediante la presentación de las iniciativas que sean necesarias, es que la competencia también en esta materia sea exclusiva de los registros civiles como garantía de gratuidad, universalidad, proximidad a la ciudadanía y profesionalidad de quienes ejercen esta tarea”.

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