El Tribunal de Cuentas Europeo pone en entredicho la gestión privada de los servicios públicos en España

    El Tribunal de Cuentas Europeo ha realizado un informe sobre la eficiencia en la gestión de determinados servicios públicos bajo la modalidad de colaboración público privada en la que el Gobierno Español no sale bien parado. Dicho tribunal considera que los fondos públicos se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios en pro del interés de ciudadanas y ciudadanos.

    05/04/2018. Juan Manuel del Campo Vera, secretario de Empleo de FSC-CCOO
    Juan del Campo Vera

    Juan del Campo Vera

    El Tribunal de Cuentas Europeo afirma que para garantizar que la gestión privada de determinados servicios públicos de interés general sea eficiente, es necesaria una Administración fuerte, es decir que sea capaz de analizar, gestionar, evaluar y en su caso pueda adoptar las medidas correctoras necesarias. Aspecto que no se ha tenido en cuenta en nuestro país, en la que se ha optado por un deterioro continuo de nuestras Administraciones y una privatización continua de la gestión y la gobernanza pública.

    La OCDE define las colaboraciones público-privadas como acuerdos contractuales a largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado, donde el último financia y presta un servicio público usando un activo de capital y compartiendo los riesgos asociados. La forma más común de colaboración público privada es el contrato de «diseño, construcción, financiación, mantenimiento y explotación». En nuestro país tenemos claros ejemplos con las autopistas, extensión de la banda ancha, o algunos experimentos en el sector sanitario.

    En Europa la mayor financiación destinada a esta modalidad se concentra sobre todo en el Reino Unido, Francia, España, Portugal y Alemania.

    Entre las principales anomalías detectadas por el Tribunal de Cuentas Europeos, nos encontramos:

    • La mayoría de los proyectos sufrieron retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes.
    • Los estudios previos exageran la futura utilización de estas infraestructuras o servicios, lo que ha provocado unos índices de utilización de los proyectos solamente el 69 % (TIC) o incluso del 35 % (autopistas) por debajo de las previsiones.
    • La posibilidad de registrar proyectos de colaboración público privadas, como partidas fuera de presupuestos dificulta la transparencia en la adjudicación y gestión de estos proyectos.

    Por estas y otras conclusiones del informe, el Tribunal recomienda:

    a) no promover un uso más intensivo y generalizado de las APP hasta que se subsanen los problemas detectados y se apliquen satisfactoriamente las siguientes recomendaciones;
    b) mitigar el impacto financiero de los retrasos y las renegociaciones sobre el coste de las colaboraciones público privadas asumido por el socio público;
    c) basar la selección de la opción de la colaboración pública privada en análisis comparativos sólidos sobre la mejor opción de contratación;
    d) Establecer unas políticas y estrategias claras con relación a las colaboraciones pública privada;
    e) mejorar el marco de la UE para mejorar la eficacia de estos proyectos.

    Tampoco la Unión Europea sale bien parada. Ya que por ejemplo en las recomendaciones del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte de la Comisión anima a los Estados miembros a utilizar la colaboración publico privada, lo que no parece acorde con los resultados de este informe, al igual que para el resto de sectores productivos en los que se intente exportar esta forma de gestión, sino se toman medidas adecuadas de transparencia, objetividad y eficiencia.

    Y es que finalmente la baja calidad de los servicios, los bajos salarios, la temporalidad, la siniestralidad, los despidos colectivos, son las consecuencias de decisiones políticas, que bajo presiones de lobbys particulares y de oportunidades electoralistas, promueven formulas de gestión en la prestación de servicios, que responden más a intereses particulares de personas concretas, que a garantizar el interés común y la creación empleo de calidad. Y es que por mucho que lo intenten justificar bajo Balances, cuentas de resultados, la precariedad de nuestro mercado laboral no se debe a la baja productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino a decisiones políticas.

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