Javier Aristu

La reciente proliferación de instrumentos de comunicación social –las llamadas redes sociales– están descomponiendo en cierto modo esa relación entre activismo social y representatividad. Por una parte, esas redes están ayudando a vertebrar o propiciar encuentros de colectivos sociales dispersos en el territorio; pero por otra están sobredimensionando el papel de algunas individualidades que no representan formal y orgánicamente a casi nadie pero cuentan con miles de “seguidores”. De la figura del “representante social” –que interpreta necesidades de la gente y les da cauce a través de instrumentos políticos o sociales representativos– estamos pasando al “influencer”, figura del nuevo factor virtual de una pretendida reorganización ciudadana. Ya no estamos ante líderes políticos o sociales que aprovechan las redes sociales para llegar más rápida e inmediatamente a sus seguidores sino que asistimos a un espectáculo fantasmagórico donde la masa de twiter o de telegram se convierte en un teórico índice de valoración de una falsa representatividad en la sociedad.

La otra cara de la tradicional actividad democrática era la capacidad de aquellas organizaciones por penetrar en el corazón de la sociedad y captar sus pulsiones, sus latidos, sus problemas y deseos. La actividad de un líder político, de un dirigente sindical, de un exponente empresarial o de un presidente de una organización vecinal se basaba, y se debe seguir basando, en una profunda cercanía entre realidad de ese segmento social y conocimiento de ese dirigente. Una sociedad democrática que funciona con unos parámetros aceptables de transparencia y legalidad se basa, entre otras cosas, en la buena relación cognitiva entre lo que pasa en su interior y la adecuada percepción que de ello tiene el dirigente a la hora de formular sus propuestas de acción. Cuando el dirigente no es capaz de entender lo que está pasando entre sus ciudadanos, su acción se convierte en una retórica imparable e inútil o en una acción tan disparatada que puede llevar a la ruptura de los vínculos ciudadanos o a la crisis de convivencia. Los ejemplos de esto último en nuestra historia española son innumerables y trágicos.

Creo que, de alguna manera, la crisis de convivencia política que venimos sufriendo en España desde hace al menos ocho años años –para no remontarme más allá y hacer más complejo el análisis– tiene en gran parte una considerable porción de ceguera analítica, de incapacidad cognitiva: no se acierta en los análisis de lo que le pasa a la sociedad y por eso las medidas y las propuestas que especialmente los grupos políticos están ofreciendo no terminan de dar en la diana. La práctica parlamentaria española, como escaparate y corazón de una acción democrática, es buena prueba de lo que trato de decir. En cierto modo, lo que se habla y lo que se plantea en el Congreso de los Diputados tiene poco que ver con las principales necesidades y demandas de la sociedad. Temo decirlo pero creo que es lo que está ocurriendo: hay una profunda divergencia de pulsiones y de latidos entre la llamada clase política y lo que pasa de verdad por dentro de la sociedad española de este momento. La agenda de nuestros políticos no está coincidiendo con el tiempo real. Hay intereses electorales, hay objetivos políticos de los partidos, hay debates dentro de estos, hay confrontación de proyectos políticos…claro que sí, pero dentro de un “mercado interno” exclusivamente institucional y político que se ha despegado del “mercado real” que sigue siendo la sociedad concreta que sale cada día a la calle.

No ocurre así en todas las organizaciones representativas de nuestro entorno. Afortunadamente. Acabo de asistir a una Jornadas organizadas por la revista Perspectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO que han tenido lugar en Zaragoza bajo el título Trabajo, Tecnología, Riqueza. Varias mesas y grupos han desarrollado durante día y medio y desde diversos ámbitos, puntos de vista y perspectivas analíticas un conjunto de aportaciones y reflexiones acerca de cómo confrontar desde la sociedad, y especialmente desde el mundo del trabajo, la tremenda ola de cambios tecnológicos, productivos y laborales que se viene produciendo desde hace años, y sus consecuencias terribles sobre los índices de igualdad y solidaridad de los españoles. En las Jornadas he visto y escuchado a sindicalistas, economistas, expertos en derecho del trabajo, sociólogos que ofrecían a un auditorio de más de cien personas representativas de distintos sectores análisis y propuestas que se acercaban bastante a la situación real que se vive hoy en España. Noté que allí había cercanía cognitiva con la sociedad española y legitimidad representativa. Allí, y no quiero exagerar, palpé y noté cómo circulaba la savia social de nuestro país porque percibí que allí se hablaba de cosas reales, no de mundos virtuales.

Fue la primera vez que escuché al nuevo dirigente de CCOO, Unai Sordo. Marcó un discurso potente y denso. Sin notas que consultar –lo cual hay que destacar en un mundo donde el discurso leído viene a cubrir la posible incapacidad perceptiva– desarrolló durante cuarenta minutos un análisis y una propuesta de acción que no estaba destinada solo a los sindicalistas presentes sino que se dirigía también a los empresarios españoles y a la propia clase política. Frente a la inflación de retórica política que hoy nos rodea, Unai Sordo alentó acerca de la necesidad de hacer funcionar más activamente el “cerebro social” (el término es de él) constituido hoy por el sindicalismo confederal, de activar con mayor decisión y más fuerza la inteligencia que hoy reside en el sindicalismo, a través de sus miles de “microprocesadores” que son los delegados y representantes en una gran cantidad de centros de trabajo. Esa red social compuesta hoy por los miles de activistas sindicales distribuida por todo el país es, sin duda, el más completo componente de análisis y de acción social que existe en España. Aparte de la Iglesia católica y sus organizaciones no hay una red más expandida por el tejido social que el conjunto de las dos organizaciones confederales, CC.OO y UGT, que vienen a representar a más del 70 por ciento de los representantes sindicales elegidos en España. Y tras esa representación real, constatada, verificada cada cierto tiempo, hay una extraordinaria máquina de indagación de la realidad española. Instrumento analítico que posibilita el acercamiento entre demanda social y propuesta alternativa.

En estos últimos tiempos hemos asistido a una poderosa campaña de desprestigio y deterioro de ese instrumento indispensable en democracia como es el sindicalismo confederal. Puede parecer normal que la derecha esté interesada en ello y que el empresario trate de participar de una forma u otra en esa operación de debilitamiento del instrumento de representación de los trabajadores. El sindicalismo confederal ha sufrido también procesos de deterioro y de ruptura de códigos éticos de comportamiento, lo que no se debe negar ni tratar de oscurecer. Ninguna organización social está libre de esos vicios de comportamientos individuales y colectivos. No es comprensible, sin embargo, la actitud de algunos que, desde posiciones autodenominadas de izquierda o radicales, ponen como objetivo fundamental de sus propuestas sociales la crítica y el ataque a las organizaciones más representativas de los trabajadores. Discrepar es legítimo y no debe ser anatemizado; azuzar el antisindicalismo y participar en la ceremonia de la confusión contra este movimiento mayoritario es simplemente muestra de ignorancia.

Pero ya ha quedado claro, tras estos duros años de crisis, dónde está cada uno en este juego de intereses sociales a la hora de repartir la riqueza de un país. El problema número uno en estos momentos es reequilibrar el injusto reparto de la riqueza del país en la actual fase de crecimiento. Va a ser una batalla de primer orden que va a exigir mucha inteligencia colectiva (“cerebro social”) y mucha voluntad de esfuerzos. Inteligencia para captar por dónde va la corriente profunda de los cambios y voluntad para construir ámbitos de organización y de movilización. En el futuro de España los sindicatos tienen un papel que jugar porque están demostrando que saben leer los cambios y que son representativos de una parte consistente del país; y a la vez, los sindicatos serán palancas fundamentales para el cambio social si son capaces de ofrecer también proyectos que vayan más allá del simple acuerdo de salarios o de rentas.

Si en el campo de la política de izquierda no vemos un panorama atractivo y positivo, creo que en el campo de lo social la sensación es menos negativa. La presencia sindical y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores organizados permiten abrir una vía algo más esperanzadora. Dentro de un panorama muy oscuro y con perspectivas muy problemáticas, es cierto, podemos decir que todavía sigue habiendo vida en Marte…