Propuestas en defensa del servicio público de la Administración de Justicia

  • CCOO exige el incremento de medios personales y más y mejores medios materiales y tecnológicos.

La lentitud, la falta de independencia y el alejamiento de la Administración de Justicia de la ciudadanía -que se ve frecuentemente reflejado en resoluciones judiciales claramente apartadas de la opinión pública mayoritaria-, son para el Sector de Justicia de FSC-CCOO los principales problemas que aquejan a esta Administración.

21/05/2018.
Justicia

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El sindicato considera que el Gobierno del Estado, los gobiernos autonómicos con competencias transferidas y el Parlamento, deben tomar ya medidas eficaces y pasar de las palabras a los hechos, arbitrando soluciones efectivas para mejorar el servicio público de la Administración de Justicia, esencial para el correcto funcionamiento del Estado social y democrático de derecho que propugna la Constitución.

Desde CCOO se proponen catorce medidas que el sindicato considera imprescindibles y urgentes si de verdad se quiere conseguir una Administración de Justicia eficaz, de calidad, independiente, con dignas condiciones de trabajo de su personal y cercana a la ciudadanía.

  1. Evaluación de los actuales modelos organizativos y generalizarlos si han resultado positivos o eliminarlos y modificarlos si no han dado resultado. En concreto, deben evaluarse los resultados de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, de los Servicios Comunes de Ordenación de Procedimiento y de la jurisdicción separada, mixta o especializada en los órganos judiciales.
  2. Paralización de la estrategia actual de implantación de nuevas tecnologías hasta que no se asegure su óptimo funcionamiento.
  3. Incremento sustancial de número de órganos judiciales mediante la creación inmediata de 400 nuevas plazas de jueces y juezas, de 3.500 nuevas plazas de letrados/as y personal funcionario y del número necesario de fiscales para que ningún órgano judicial ingrese más asuntos de los que razonablemente pueda resolver.
  4. Plan de choque para el “desatasco” de los más de 400 órganos judiciales en los que hay colapso o inaceptables retrasos en el despacho de asuntos, mediante la contratación de juezas y jueces, fiscales y demás personal sustituto o interino.
  5. Potenciación y extensión a todas las localidades de la Justicia de Paz o Justicia Municipal y mantenimiento de la estructura de partidos judiciales como expresión de una justicia cercana a la ciudadanía.
  6. Garantizar condiciones laborales y retributivas del personal, adaptadas al trabajo que se desarrolla.
  7. Eliminación de los puestos de libre designación, especialmente en las altas instancias de la magistratura y fiscalía, implantándose el concurso de méritos para la cobertura de todas las plazas como garantía de independencia del poder político.
  8. Modificación del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, sustituyendo la oposición por estudios de postgrado reglados e impartidos en centros públicos con el objetivo de eliminar el carácter elitista actual de las pruebas de acceso, que solo pueden estudiarse en preparadores particulares, costosos y sin regulación ni control.
  9. Profesionalización del personal de la Administración de Justicia estableciéndose la carrera profesional horizontal y garantizándose la promoción interna en todos los cuerpos funcionariales y cubriéndose por personal de carrera todos los puestos de trabajo de carácter permanente.
  10. Funcionarización del personal de Psicología, Trabajo Social, Peritos Tasadores/as, Intérpretes-traductores/as y otras categorías del personal laboral que participan en la Administración de Justicia, con un incremento sustancial de las plantillas que evite tener que recurrir a profesionales del ámbito privado y creándose nuevas categorías profesionales como, por ejemplo, la de economistas forenses.
  11. Reversión a lo público de los servicios privatizados (solicitudes de nacionalidad por residencia, actos de comunicación, matrimonios civiles, servicios de psicología, traducción, archivos, atención al usuario de las nuevas tecnologías, etc.).
  12. Mantenimiento de todas las actuales oficinas del Registro Civil en el ámbito de la Administración de Justicia.
  13. Mejora y dignificación de todos los edificios judiciales, fiscales, institutos de medicina legal e instituto nacional de toxicología y ciencias forenses.
  14. Cumplimiento inmediato de la ley y directivas en materia de especialización, formación y garantías para las mujeres maltratadas en los juzgados competentes en materia de violencia sobre la mujer.

Por último, desde CCOO exigimos, como punto de partida, la retirada de las enmiendas que unilateralmente ha propuesto el Gobierno a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin contar con el consenso necesario y sin haber sido negociadas ni consultadas con las organizaciones sindicales y asociativas que legítimamente representamos al personal de la Administración de Justicia.

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