CCOO y SUP, ante la falta de recursos, alertan sobre el colapso en las Oficinas de Asilo y Refugio

    La Oficina de Asilo y Refugio acumula más de 65.000 expedientes pendientes de resolución e impide obtener cita previa hasta 2020. El 8 de diciembre la situación se agravará con el cese del personal interino, que supone el 70 % de la plantilla actualmente encargada de desempeñar esta función.

    30/11/2018.
    Falta de recursos y colapso en las oficinas

    Falta de recursos y colapso en las oficinas

    La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) alertan del caos humanitario y la fisura en materia de seguridad que podría generarse con motivo de la masiva afluencia originada en los servicios de atención a las personas solicitantes de asilo en España. El incremento del número de instancias, un 900% desde 2014, el aumento de la complejidad de los procedimientos para su trámite, incluso la disminución de funcionarios y el inmovilismo de los sucesivos equipos que han conformado el Ministerio de Interior, hacen inviable una respuesta adecuada a la demanda y están causado el bloqueo de los sistemas de cita previa.

    Comisiones Obreras entiende que la continuidad de los 94 interinos que cesan el próximo 8 de diciembre se hace fundamental para que la oficina no entre en situación de “cierre técnico”.

    La garantía al derecho de asilo y refugio se está viendo quebrantada y, en este sentido, CCOO ha entregado varios informes a los Gobiernos del PP y PSOE, anticipando el desborde de este servicio público, e instando a plantear un análisis que determine una intervención en aras de evitar esta previsible situación. Entre otras medidas, se proponía el incremento de la plantilla, recogida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para 2018 y la prórroga del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Este último, a cargo de fondos europeos, que supuso la contratación de 94 interinos durante tres años hasta el 8 de diciembre de 2018, como fecha límite, si bien legislativamente podría ampliarse por doce meses más.

    Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía denuncia tanto la negativa incidencia que estas circunstancias están provocando en la seguridad del Estado, como en la carga de trabajo —en continuo aumento— que soportan los policías, sin que en ningún caso se pretenda criminalizar por ello a los solicitantes de asilo, sino evidenciar la necesidad de mantener el control y la vigilancia del cruce de fronteras al que, en demasiadas ocasiones, no se están destinado los recursos necesarios, con el agravante de que en 2018, según las últimas estimaciones, el número de inmigrantes que arribarán a nuestro territorio de forma irregular podría superar las 60.000 personas.

    La primera consecuencia directa de esta acumulación de expedientes y los retrasos en su instrucción es la aprobación por silencio administrativo favorable de muchos de ellos. Esto, desde el punto de vista humanitario, imposibilita filtrar los casos más urgentes y vulnerables; y desde el punto de vista de la seguridad, impide detectar la llegada de personas reclamadas por terceros países, con prohibiciones de entrada en nuestro país o vinculadas a cualquier tipo de actividad ilícita.

    La falta de interés y la debilidad de los diferentes gobiernos a la hora de acometer reformas e inversiones de calado en materia de extranjería y documentación, promueve una lamentable continuidad del problema, ya que la sensibilidad hacia este tema que unos y otros abanderan desde la oposición, se transforma en inacción y pasividad a su llegada al Gobierno que, al margen de su inclinación, mantienen la misma deficiencia de recursos materiales, de efectivos, su escasa formación y la sobresaturación de un trabajo que supera la capacidad de gestión de los policías y personal funcionario disponible.

    FSC-CCOO ha trasladado un informe a los medios de comunicación, a las distintos organismos europeos en materia de refugio y asilo, e incluso al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recordando al Gobierno el sistemático incumplimiento de la Directiva 2013/32 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos administrativos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional, en el que se subraya que, pese a que el plazo legalmente establecido para estos trámites oscila entre 3 y 10 días, el Ministerio del Interior está concertando las citas hasta con un año y medio de retraso.

    Desde CCOO se señala que el mismo partido que sostiene que la continuidad de los interinos no es posible legalmente, acaba de aprobar un decreto en Andalucía para permitir la ampliación del contrato del personal interino por programa en doce meses más; y se insiste en que este personal es imprescindible para evitar el derrumbe absoluto del servicio público mientras se produce la incorporación de los funcionarios de carrera, que llegarán, como pronto, en año y medio y sin la formación específica necesaria. Ante este panorama, el sindicato lamenta la deshumanización de estas actitudes políticas y la ausencia de un plan estratégico más allá de las fotos con fines electorales.

    Por otro lado, el SUP reitera la insostenible saturación de las diferentes Oficinas de Asilo y Refugio distribuidas por nuestra geografía y el colapso al borde del que se acercan algunas de ellas, alertando además de las disfunciones provocadas por las diferentes políticas puestas en marcha en función de la comunidad autónoma en la que se presente la solicitud, en interpretación de la norma, y la falta de capacidad operativa de las plantillas ante los protocolos administrativos establecidos.

    Desde el SUP y CCOO instamos al Gobierno para que acometa, de forma urgente, las inversiones necesarias en recursos humanos, en formación, en medios técnicos y materiales, gestionados con una planificación debidamente estructurada que neutralice esta situación. Resulta incuestionable la necesidad de capacitación de personal destinado a instruir los procedimientos garantizando así los derechos de los solicitantes.

    Abordar esta problemática con garantías de éxito solo será posible con un plan estratégico estructural de carácter general, dotado de medidas que a su vez permitan desarrollar una intervención ágil en los casos puntuales en los que se produzca un incremento acusado de la demanda.

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