CCOO denuncia que el Ministerio del Interior deja sin protección ante las agresiones al personal penitenciario

    En los últimos 10 años la siniestralidad laboral ha crecido exponencialmente en las prisiones, situando a Instituciones Penitenciarias a la cabeza de siniestralidad en las Administraciones Centrales de toda Europa.

    06/03/2019.
    Ángel Moreno, Silvia Fernández y José María López en la rueda de prensa del 6 de marzo

    Ángel Moreno, Silvia Fernández y José María López en la rueda de prensa del 6 de marzo

    CCOO ha denunciado, ante la Inspección Central de Trabajo, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por incumplimiento muy grave de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y negligencia en su deber de protección frente a las agresiones en las prisiones españolas, dependientes del Ministerio del Interior.

    La situación de las agresiones físicas en Instituciones Penitenciarias es calificada por CCOO de “un grave problema de salud pública, por la intensidad y volumen de las mismas, frente al cual el Ministerio del Interior continúa negando al personal penitenciario la protección de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tomando únicamente medias punitivas, inútiles y de mera propaganda a través de su Protocolo contra las Agresiones (PEAFA), que no ha sido capaz de frenar la pandemia de agredidos”.

    CCOO ha resaltado la indefensión con la que tiene que trabajar el personal penitenciario, con graves riesgos de su salud e integridad personal, tan solo por el hecho de que el Ministerio del Interior se niega a considerar como riesgo laboral las agresiones, incumpliendo la Ley de Prevención y los Acuerdos internacionales suscritos por España sobre la protección de los trabajadores.

    En los últimos 10 años la siniestralidad laboral ha crecido exponencialmente en las prisiones, situando a Instituciones Penitenciarias a la cabeza de siniestralidad en las Administraciones Centrales de toda Europa. En España se ha pasado de 893 accidentes laborales en el año 2008 a 1.276 en el 2017, un crecimiento cerca del 70,00%. Es decir, se ha elevado la tasa de siniestralidad de un 3,83% de la plantilla en 2008 hasta el 5,33% en 2017.

    Las agresiones representan de promedio cerca del 40% del total de la siniestralidad, pasando de 280 en 2008 hasta los 493 agredidos en 2017, un 76,07% de incremento en una década.

    Ni tan siquiera el descenso del número de empleadas y empleados penitenciarios ha representado un factor para disminuir las agresiones. Mientras en el 2010 por cada 1.000 empleadas/os había 12,75 de agresiones, en 2017 para igual número de personal han sido 20,58 agresiones.

    La disminución de presos tampoco ha significado ninguna mejora para el personal penitenciario ante las agresiones. En 2010 por cada 1.000 presos había 5,09 agresiones, y en el 2017 se elevaron hasta las 9,76.

    CCOO denuncia que “las agresiones crecen y están descontroladas en las prisiones españolas desde cualquier índice con el que se analicen, porque la política de prevención de los sucesivos gobiernos ha estado orientada a ocultar las agresiones y a no asumir sus responsabilidades con las trabajadoras y trabajadores penitenciarios”.

    Como consecuencia de esta obsesión “negacionista” de la Administración Penitenciaria, las causas que producen las agresiones no están bien evaluadas, no existen actuaciones para resolver las que son estructurales, no hay protección preventiva para el personal, y no se cuenta con ningún apoyo a los centenares de víctimas de agresiones que hay cada año.

    CCOO exige una actuación decidida y clara de la Inspección de Trabajo ante esta desidia y “olvido” del Ministerio del Interior del derecho a trabajar con seguridad en las prisiones españolas.

    CCOO demanda que se aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las agresiones en prisiones, y que consecuentemente se negocie con los representantes de las y los trabajadores un protocolo de prevención que incorpore sus obligaciones legales a la lucha contra las agresiones al personal de prisiones.

    CCOO señala que el 90% de las agresiones físicas y el 95% de las agresiones verbales o psicológicas que se producen en la Administración Central española, se dan en las prisiones. “Y curiosamente los derechos, la protección y el cumplimiento de la legalidad es menor en las prisiones que en el resto de la Administración General del Estado”, denuncian.

    Para CCOO, abordar soluciones a las agresiones en prisiones no es solamente un compromiso sindical, responde también a una necesidad de contar con unos servicios públicos eficientes y en unas condiciones de compromiso con sus objetivos funcionales. El actual estado de violencia contra el personal penitenciario impide garantizar esas funciones constitucionales y deja imposible el mandato legal de proteger y garantizar la integridad de las personas recluidas en las prisiones.

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