Las prisiones españolas cumplen 40 años en democracia

    El 26 de septiembre se conmemora el 40 aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la de mayor consenso político de toda la historia. Esta ley supuso la entrada de la Constitución en las cárceles españolas, pasando de un modelo represor y de castigo a un modelo orientado hacia la reinserción.

    25/09/2019.
    Centro Penitenciario de Ceuta

    Centro Penitenciario de Ceuta

    El impulsor y responsable de reformar la legislación penitenciaria, tal como la conocemos hoy, fue Carlos García Valdés, nombrado director general de Instituciones Penitenciarias en 1978. A pesar de haber sufrido un atentado de los Grapo en 1979, eso no impidió que apostara por un proyecto de ley progresista, caracterizado por abrir las prisiones a la sociedad, potenciar el régimen abierto, supeditar la seguridad al tratamiento o judicializar las prisiones.

    Una ley que posibilitó la participación del personal funcionario en las actividades de intervención tratamental, dignificando social y económicamente su trabajo y haciéndolo más integral y polivalente, reforzado con el acceso de profesionales de las ciencias de la conducta.

    También situó al preso como sujeto de derechos ciudadanos, dando cumplimiento constitucional en derechos inalienables e inherentes, no vulnerables por la privación de libertad, como son los derechos fundamentales de la carta magna. En 1979 su aportación más controvertida fueron los permisos de salida, lo que generó fuertes tensiones en aquella época.

    El derecho a la salud de la población reclusa es un logro no suficientemente reconocido a la sanidad penitenciaria y al conjunto del personal penitenciario, como quedó demostrado con el abordaje de la heroína y el descontrol del VIH a finales de los 80 o más recientemente con la hepatitis.

    “Desde CCOO queremos poner en valor que la traslación de todo un sistema progresista penitenciario al interior de las prisiones, no habría sido posible sin el personal penitenciario, el gran protagonista de estos 40 años, quien ha desarrollado un papel esencial en la democratización de las prisiones, transformándolo en un modelo público de ejecución penal ejemplar en toda Europa”.

    Con esta Ley Orgánica General Penitenciaria tuvo que hacer frente a los peores períodos de la historia de prisiones, con el terrorismo, la heroína, los secuestros, los motines, las autolesiones masivas o el hacinamiento de la población reclusa sin apenas recursos ni formación, que siempre vinieron acompañados de procesos de movilizaciones y huelgas muy duras y convulsas para defender los derechos laborales y el reconocimiento social de la profesión penitenciaria.

    El tratamiento y la reinserción cobró una relevancia singular, aunque en estos momentos, más por razones ideológicas o partidistas, está más que cuestionado.

    CCOO denuncia que los gestores penitenciarios no han destinado los recursos necesarios al cumplimiento del mandato constitucional, priorizando invertir el 80% del presupuesto de Instituciones Penitenciarias en seguridad actividad y pasiva, y externalizando buena parte del tratamiento penitenciario a asociaciones del tercer sector y a la banca.

    Desde los años 90 los diferentes gobiernos han recurrido a realizar fuertes inversiones de dinero público en infraestructuras penitenciarias, muchas veces motivadas más por criterios políticos y económicos que para abordar las necesidades penitenciarias, mientras se ha reducido el empleo público penitenciario y se han empeorado las condiciones laborales.

    Como ejemplo, la última actualización del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios 2005-2012 aprobado en Consejo de Ministros en el 2005, supuso un importe económico inicial de 1.647.209.000 euros, que se vio considerablemente aumentado por sobrecostes derivados del incumplimiento de los contratos públicos.

    “Tampoco podemos obviar la instrumentalización política que las prisiones y la condena tienen en la dialéctica política o la tensión, siempre presente, entre el punitivismo penal y la reinserción social basada en el marketing político, y no en los hechos reales que posibiliten el ejercicio de este derecho”.

    Para CCOO los retos a futuro del sistema penitenciario español pasan por dotarlo de los recursos humanos suficientes y por modernizar la institución, actualizando unas funciones y un organigrama que data de 1981, así como su sistema retributivo, adecuando la actual carga de trabajo y responsabilidad que implica la ejecución penal en los tiempos modernos.

    La gestión de un sistema progresivo de la pena de prisión dividida en diferentes grados de tratamiento, acometer la lucha contra las nuevas formas de delincuencia organizada o el grave problema de la enfermedad mental en prisión y la ejecución de las medidas alternativas a la prisión, conlleva una gran especialización del trabajo penitenciario, siendo necesario invertir en un ambicioso plan de formación para Instituciones Penitenciarias, recuperando el Centro de Estudios Penitenciarios.

    “Uno de los grandes retos es reconocer la existencia de un auténtico derecho a la reinserción social. No puede seguir siendo sólo un principio informador y orientativo de la política penitenciaria. Además el control del tratamiento penitenciario debe estar en manos de las empleadas y empleados públicos penitenciarios, que necesitan más medios para que la reinserción no sea puramente estadística”.

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