Jornada 25N: “Nos movemos contra la violencia de género”

    La Secretaría de las Mujeres de la Federación de Servicios a la Ciudadanía organizó este espacio de reflexión ante una realidad “que desgraciadamente existe aunque algunos intenten negarla”, según subrayó la responsable del área, Carmen López, que denunció la escasez de recursos a la que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores de los distintos ámbitos de las administraciones públicas encargadas de combatirla.

    14/11/2019.
    Jornada 25N: “Nos movemos contra la violencia de género”

    Jornada 25N: “Nos movemos contra la violencia de género”

    La Secretaría de las Mujeres de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO celebró el 13 de noviembre la jornada 25N: “Nos movemos contra la violencia de género”, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que abordó el tratamiento de esta lacra social desde distintos ámbitos de la administración pública y el mundo académico. Para la secretaria de las Mujeres de FSC-CCOO, Carmen López, “los servicios públicos fallan porque faltan medios, pero este tipo de violencia existe y tenemos que seguir trabajando por atajarla”.

    Carmen López también apeló a la responsabilidad de todas y todos para seguir trabajando y luchando contra la violencia de género ahora más que nunca, frente a discursos “de odio” que niegan o subestiman la magnitud del problema. En el marco de la jornada se presentó la campaña #HartasDeViolencia, protagonizada por Valentina, una mujer joven y feminista, que se pretende que perdure durante todo el año para denunciar las distintas formas de violencia que soportan de forma cotidiana las mujeres y llamará la atención sobre la necesidad de toda la sociedad de no ser cómplice y denunciar casos que puedan darse en el entorno inmediato de cada persona.

    Juana Olmeda, Coordinadora de la Dirección de FSC-CCOO y secretaria de Desarrollo Organizativo y Afiliación, recordó unas cifras “tan alarmantes que nos deberían hacer reflexionar”, como que en lo que va de año en España más de 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (más de 1.000 desde que hay registros), que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, que cada 10 minutos un hombre asesina a una mujer en el mundo, o que las jóvenes consideran normal un cierto grado de violencia en sus relaciones de pareja, según las últimas encuestas.

    “En FSC-CCOO no podemos mirar para otro lado y llevamos años trabajando en esto con las dos herramientas que tenemos: la negociación colectiva y la acción sindical, en contacto con las administraciones, con las que trabajamos y colaboramos y a las que exigimos más formación y más financiación”, subrayó Olmeda, que aseguró que desde FSC-CCOO se continuará con esta relevante labor para “forzar el cumplimiento de las leyes y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

    En la primera mesa redonda, titulada “¿Hay compromiso con la erradicación de la violencia de género?”, moderada por Begoña Marugán, adjunta a la Secretaría de Mujeres de FSC-CCOO, participaron Clara Isabel Guilló, profesora de la Universidad Complutense de Madrid; María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis; y Cristóbal Moreno Navarrete, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Jaén.

    Isabel Guilló realizó un recorrido por el abordaje social y legislativo de la violencia contra las mujeres, para explicar “cómo las políticas públicas construyen a la víctima y al maltratador”. Así, recordó cómo el caso del asesinato de Ana Orantes marcó un antes y un después en el tratamiento de esta lacra por parte de las administraciones, que empezaron a hablar de “mujeres maltratadas”, y de la sociedad en general, que anteriormente se movía en parámetros que la justificaban amparándose en la sospecha del “merecimiento” de las víctimas. Posteriormente se pasó a una fase en la que el Estado se escudaba en que no podía hacer nada por estas mujeres si no había denuncia, centrando el foco en la víctima en lugar de en el maltratador. En la actualidad, en su opinión, existe un enfoque punitivo y judicial que va evolucionado lentamente, y un progreso social empujado por los feminismos, pero también alertó de la creciente deslegitimación por parte de quienes hablan de “ideología de género”. Apostó por dotar de formación y medios a policías y personal de la Administración de Justicia, a avanzar en educación y a demandar políticas públicas enfocadas en el maltratador y no en la víctima.

    Por su parte, María Ángeles Jaime de Pablo ilustró con ejemplos cómo el ordenamiento jurídico “ha sido vertebrador del patriarcado”. Frente a quienes proclaman que la legislación actual no respeta la igualdad consagrada en la Constitución, recordó que el Tribunal Constitucional ya resolvió 125 cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley Integral contra la Violencia de Género, que quedó totalmente avalada. Hizo un repaso por sentencias recientes, como las de la ‘Manada’ o la violación en grupo de Manresa o el caso de Juana Rivas, para sustentar su tesis sobre la interpretación machista de las leyes por parte de los tribunales. “La justicia no cambia por el tiempo que haga un día, pero sí por el clima de una época”, apuntó en referencia a la creciente movilización feminista para lograr avances en este campo.

    Cristóbal Molina hizo una intervención centrada en el mundo de la empresa y en cómo se deberían atajar los casos de ciberacoso. “La mala noticia es que el ciberacoso en el trabajo demuestra un nivel de violencia superior al que existe en la sociedad”, sin embargo, recalcó, “la buena noticia es que acaba de aprobarse el Convenio para la Erradicación de la Violencia y el Acoso por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que llama a las empresas a desactivar estos comportamientos antes de que la violencia sea efectiva”. Desde el punto de vista sindical, apostó por trabajar para “interponer conflictos colectivos en casos de ciberacoso del mismo modo que se hace en otras cuestiones como la jornada laboral o los riesgos laborales”.

    En la segunda mesa redonda, titulada “Tratamiento de la violencia de género” y moderada por Carmen López, se expuso cómo se trabaja desde distintos ámbitos de la administración pública implicados en el abordaje de este problema social. Participaron Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género; Álvaro Botias, inspector de la Policía Nacional del Grupo de Investigación de la Unidad de Familia y Mujer de Málaga; Silvia Fernández, secretaria general de la Sección Sindical de FSC-CCOO en Instituciones Penitenciarias; y Patricia Simón, periodista especializada en enfoque de género y coordinadora de #PorTodas, de ‘La Marea’.

    Susana Gisbert subrayó en su intervención que la ley contra la violencia de género es integral “pero a la hora de desarrollarla se ha centrado en lo judicial y no en lo social”. “Nos hacen falta medios, enfoque y que todo el mundo sepa que en Justicia lo que hacemos es gestionar el fracaso. Lo ideal sería que las otras patas del banco, educación y formación, funcionasen y nosotras no haríamos falta”. Lamentó que no denunciar “nunca es la respuesta, pero denunciar puede serlo o no serlo”, porque no siempre se activan los necesarios sistemas de protección, y recalcó: “Otra justicia, dentro de las mismas normas reguladoras, es posible”.

    Álvaro Botias reclamó “la implicación de todos y todas como ciudadanía” a la hora de denunciar situaciones de violencia contra las mujeres, recordó que la violencia física no es la más habitual ni la más dolorosa –“la psíquica es la más frecuente y la más difícil de probar”- y lamentó que se siga “poniendo el foco en las víctimas en lugar de seguir a los agresores”. “Se echa de menos que todos los cuerpos policiales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos locales tengan herramientas para hacer bien la valoración de riesgo”, dijo, ya que es el primer paso para proteger de forma efectiva a las mujeres que sufren violencia.

    Silvia Fernández explicó que en Instituciones Penitenciarias la población reclusa está bajando cada año y, sin embargo, hay un repunte en el número de condenados por violencia de género y por delitos contra la identidad sexual. Criticó las dificultades que se encuentran en las cárceles para trabajar en la reinserción de los presos por estos delitos ante la falta de personal especializado y formación de toda la plantilla. Lamentó que en muchos casos no se interviene con los condenados por estos delitos -que en más de 4.000 casos se sustituyen las penas por multas o trabajos a la comunidad-, y que tampoco se evalúan los resultados de los programas, por lo que es imposible saber si existe o no reinserción. Como retos de futuro, citó el impulso a la prevención, concienciación y educación “para que no lleguen a nosotros las consecuencias” de estas violencias y demandó “más personal, mejor preparado y formado con perspectiva de género” para lograr la reinserción efectiva de estos presos.

    Por último, Patricia Simón abordó el tratamiento que los medios de comunicación hacen de las distintas formas de violencia contra las mujeres y fue especialmente crítica con la televisión. Reconoció que en la prensa, en general, se han hecho avances y hace años que no se habla de “crímenes pasionales ni muertes, sino de asesinatos” y ofreció unas recomendaciones sobre el abordaje informativo de estos delitos. Luego, explicó en qué consiste el proyecto #PorTodas, publicado en ‘La Marea’, en el que se investigaron de forma exhaustiva los antecedentes, los crímenes y las consecuencias de todos los casos de violencia machista ocurridos en 2014 en España, un trabajo que ella coordinó y que fue merecedor del Premio de la Asociación Española de Mujeres en los Medios de Comunicación.

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