CCOO denuncia la incapacidad de Instituciones Penitenciarias para intervenir con los presos por violencia de género, que siguen aumentando

    Las condenas por este delito se incrementan año tras año. Además de las graves carencias estructurales sociales, legales y políticas, los datos oficiales ponen en evidencia la incapacidad de nuestro sistema penitenciario para abordarlas desde el mandamiento constitucional de la reinserción.

    25/11/2019.
    Verja de una prisión

    Verja de una prisión

    Según los últimos datos del Ministerio del Interior del año 2018, el número de presos condenados por delitos de violencia de género sigue en aumento. Algunas de estas cifras oficiales dan una idea de la magnitud de este fenómeno:

    • El número de hombres que ingresó en prisión por violencia de género ascendió a 4.380 (frente a 3.841 en 2015), lo que supone un 14% más.
    • El 9,1% del total de delitos cometidos por la población penada en España son de violencia de género.
    • La violencia de género es, detrás de los delitos contra la seguridad vial, el que más mandamientos de prisión genera.
    • El número de mandamientos judiciales de penas y medidas alternativas a la prisión por violencia de género fue de 26.381 (frente a los 24.649 de 2015, un 7% más).
    • Hasta el año 2017 el tipo delictivo por el que se condenaba a más medidas alternativas a la prisión era el de seguridad vial. A partir del 2018, es el delito de violencia de género.
    • Del total de mandamientos de suspensiones o sustituciones de condena, el 59,1% corresponde a delitos de violencia de género.

    Mientras aumentan las condenas por violencia de género, los recursos del sistema público penitenciario se reducen. Acumulamos un déficit estructural de 3.400 plazas vacantes, contamos con menos personal especializado y con unos servicios de gestión de penas alternativas sin dotar de los recursos necesarios para gestionar el elevado volumen de estas medidas.

    Para CCOO no puede haber reinserción social sin personal penitenciario, ya que sin él se hace casi imposible el cumplimiento del mandato constitucional. Este incremento exponencial de la carga de trabajo se está abordando con el sobreesfuerzo y la dedicación del personal penitenciario de todas las áreas profesionales. La situación es crítica y se ve agudizada por la falta de compromiso político de los gestores penitenciarios, que no invierten en formación específica para el personal penitenciario y externalizan el tratamiento penitenciario a las ONG´s y la banca.

    CCOO quiere destacar la desigualdad en el tratamiento judicial en función del tipo de condena, porque mientras que para los delitos seguridad vial se suspende el 1,88% de las condenas o para los de patrimonio se suspende el 9,50%, en los delitos específicos contra las mujeres se suspende el 23,35%, lo que demuestra la falta de interés del Estado en lograr la reinserción de los maltratadores condenados.

    El 59% del total de condenas que se sustituyen y suspenden lo son por el delito de violencia de género. Suelen sustituirse por multas o por la realización de un programa de intervención que realizan entidades privadas sin que Instituciones Penitenciarias tenga el control de la ejecución.

    En Instituciones Penitenciarias existe desde 2004 un programa de tratamiento para agresores de género (PRIA), de tipo psicoterapéutico y educativo para modificar conductas, pensamientos, actitudes machistas. Se trabaja con los internos la motivación al cambio, habilidades de autocontrol, la gestión de la ira ó la empatía con las víctimas, en definitiva la rehabilitación y reinserción social.

    Faltan profesionales que lo impartan, no se puede aplicar a las condenas de prisión de menos de un año de duración, pero sobre todo la mayor carencia es la falta de una evaluación de la efectividad del programa, por lo que en este momento no existen datos estadísticos de reinserción de condenados por violencia de género.

    CCOO demanda más personal, formación específica, programas evaluables y objetivables, que se revierta la privatización del seguimiento de los maltratadores, en definitiva no hacer negocio con las condenas ya que lo pagarían las mujeres que son las que sufren una de las mayores lacras del siglo XXI. Contra la violencia de género no vale la manipulación de las estadísticas, porque las mujeres nos jugamos mucho.

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