CCOO se opone al acceso de personal militar a puestos civiles en las prisiones

    Esta medida, que estudian los ministerios del Interior y de Defensa, limitaría el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Exigimos que se convoque una oferta extraordinaria de acceso libre para cubrir el déficit estructural de 3.000 vacantes.

    09/01/2020.
    Verja de una prisión

    Verja de una prisión

    El Ministerio del Interior está estudiando abrir el acceso de personal militar a los puestos civiles de Instituciones Penitenciarias, una medida que está negociando con el Ministerio de Defensa. Esta decisión, de concretarse, representaría una evidente involución del sistema penitenciario español, que nos aleja de los países europeos, donde hasta los menos avanzados en esta materia, como podría ser el caso de Rumanía, están abandonando la militarización.

    El marco jurídico nacional y europeo exige que las trabajadoras y trabajadores de las prisiones tengan la condición obligatoria de civiles y que estén altamente cualificados y especializados para cumplir su misión de seguridad y de reinserción con la población reclusa. Por eso es inaudito que pretendan solucionar los problemas de personal del Ministerio de Defensa vaciando de contenido el ordenamiento constitucional de las cárceles.

    Las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que “la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.

    Esta es la primera vez que el Estado manifiesta querer dotarse de militares para el ejercicio de la potestad punitiva y la ejecución de condenas, un retroceso sin precedentes, ya que el derecho penal es el instrumento más potente para el control social. No es un tema menor. Lo que está en juego es la democracia y el Estado de derecho.

    Además, esta iniciativa se está barajando a espaldas de los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras. De materializarse, representaría una regresión también en los derechos de negociación colectiva y de representación existentes en la Administración Penitenciaria y cambiaría el marco de relaciones laborales, al incorporarse un nuevo régimen militarizado. Esta medida supone otra vuelta de tuerca en el empeoramiento de las condiciones laborales de los únicos que garantizan la reinserción, que son las trabajadoras y trabajadores penitenciarios, ya que limita el acceso al empleo público bajo condiciones de igualdad, mérito y capacidad y restringe la movilidad, la conciliación familiar o la carrera profesional del personal penitenciario, al ocupar los militares puestos estructurales.

    Por todo ello, desde CCOO exigimos:

    • Que se mantengan las Instituciones Penitenciarias con personal civil exclusivamente, tal como exige nuestro ordenamiento jurídico.
    • Que se deje de vulnerar el derecho a la negociación colectiva en Instituciones Penitenciarias.
    • Que el acceso al empleo público de Instituciones Penitenciarias continúe siendo en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
    • Que se convoque una oferta de empleo público extraordinario para cubrir el déficit estructural de casi 3.000 vacantes que padecemos y que esa oferta sea de acceso libre para cualquier ciudadano o ciudadana que cumpla los requisitos.
    • Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convoque de forma extraordinaria y urgente la mesa delegada de negociación para tratar estas medidas involucionistas.

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